Gibraltar i Espanya han tancat una
entesa bilateral en qüestions com
fiscalitat o veïnatge preveient el
moment en què es faci efectiva la
sortida del Regne Unit de la Unió
Europea. Tot i això, Pedro Sánchez ha
dit aquest dimecres que no hi ha avenços
amb el Regne Unit sobre el penyal i ha
alertat que, tal com està l'acord en
aquesta qüestió, va contra l'essència i
els interessos d'Espanya.
"Ens sentim contrariats. Hem trobat en
l'acord de retirada una sèrie d'elements
que posen en qüestió la capacitat que té
Espanya per poder negociar amb el Regne
Unit sobre el futur de Gibraltar i això
no és acceptable pel govern
d'Espanya."
Des del govern espanyol s'especifica que
el preacord amb Gibraltar és independent
de l'acord transitori del Brexit i de la
declaració política sobre la futura
relació entre Londres i Brussel·les. El
govern espanyol segueix oposant-se, ara
com ara, a aquests dos documents.
Les banderes d'Espanya, el Regne Unit i
Gibraltar a la frontera de la Línia de
la Concepción (Reuters)
Les banderes d'Espanya, el Regne Unit i
Gibraltar a la frontera de La Línea de
la Concepción (Reuters)
Aquest diumenge, els 27 tenen previst
aprovar el text presentat per Theresa
May en una cimera de líders. Des
d'aquest dilluns, els ministres
d'Exteriors de la Unió Europea han
començat a preparar la reunió.
El govern espanyol condiciona el suport
al Brexit al fet que Londres faci canvis
en la qüestió de Gibraltar. Demana que
quedi molt clar i per escrit que
qualsevol acord de la Unió amb el Regne
Unit sobre el Penyal haurà de comptar
abans amb el vistiplau de Madrid. Segons
l'executiu espanyol, falta "claredat
jurídica" pel que fa a les relacions que
hi haurà entre la UE i Gibraltar.
El abogado de los afectados por la
contaminación causada por la petrolera
en la selva ecuatoriana reclama desde
hace 25 años que la transnacional repare
el daño, como le obliga la justicia
Pablo Fajardo es como un corredor de
fondo, sabe que la clave está en la
resistencia, en mantener la mente clara
y no perder nunca de vista el objetivo.
El abogado de la Unión de Afectados y
Afectadas por las Operaciones Petroleras
de Texaco (UDAPT) lleva 25 años de lucha
contra el gigante petrolero Chevron
(empresa que absorbió a Texaco en el
2000) por el daño ecológico que causaron
y siguen causando sus actividades en la
Amazonia ecuatoriano. Los tribunales de
Ecuador le han dado la razón hasta en
cuatro ocasiones y han obligado a la
transnacional a pagar 9,5 millones de
dólares a los 30.000 afectados. Pero
desde esa sentencia en 2014, no han
visto un solo dólar y el desastre
cultural, medioambiental y sanitario
sigue sin remediarse.
Ahora, Fajardo y los pueblos de la
Amazonía buscan justicia en tribunales
internacionales, pero enfrentarse a un
Goliat que emplea a 2.000 abogados a
tiempo completo en el caso no está
siendo fácil. Estados Unidos, Argentina
y Brasil ya les han dado la espalda. Y
todavía pelean en última instancia para
que Canadá no haga lo mismo. En
septiembre, el Tribunal Permanente de
Arbitraje ordenó al gobierno de Ecuador
anular la condena contra Chevron, una
petición que se salta la separación de
poderes. Y entre tanto, los demandantes
han sufrido agresiones, amenazas,
espionaje y todo tipo de
difamaciones.
Pablo Fajardo y Jose Justino Piaguage
durante la charla que ofrecieron en
Barcelona
Pablo Fajardo y Jose Justino Piaguage
durante la charla que ofrecieron en
Barcelona (La Fede)
Fajardo, que visitó Barcelona invitado
por La Fede junto al representante
indígena y miembro de la UDAPT Jose
Justino Piaguage, advierte de que su
caso sienta un precedente de injusticia
para todos los pueblos del mundo. Si la
comunidad internacional no reacciona,
afirma, el poder de las transnacionales
se impondrá al respeto a los derechos
humanos y la soberanía de los
estados.
La última vez que La Vanguardia le
entrevistó, traía buenas noticias. Hacía
poco que había recibido la sentencia que
obligaba a Chevron a indemnizarles. Qué
es lo que ha pasado desde entonces?
Han pasado muchísimas cosas divertidas
que reflejan un sistema de injusticia
internacional. Un sistema que garantiza
impunidad a las corporaciones, que deja
sin acceso a la justicia a los pueblos,
que demuestra que los organismos
supranacionales y nacionales no están a
la altura y que, a veces, se convierten
en piezas fundamentales de esa
arquitectura de la impunidad
corporativa. Cuando me entrevistasteis
en 2014 habíamos ganado la primera
sentencia de la Corte Suprema de Ecuador
y había un recurso pendiente de Chevron
ante la Corte Constitucional. Pasaron
cuatro años y el pasado 10 de julio se
emitió la última sentencia, también
favorable a nosotros. Fue una
ratificación total en la se demuestra
que el único sistema de justicia que ha
revisado todo el problema de Chevron es
el ecuatoriano. Hay cuatro sentencias,
todas favorables a los demandantes y no
hay mecanismo legal vigente que permita
anularlas.
Pero, ¿Cómo ejecutar esa decisión si
Chevron no tiene dinero en Ecuador?
No hacemos nada con una sentencia
judicial que reconoce la culpa de
Chevron y le condena a pagar una
indemnización, si no la cobramos para
limpiar la Amazonia, que es nuestro
sueño. Por eso hemos ido a las cortes
extranjeras en Brasil, Argentina y
Canadá para homologar las sentencias.
Ese escenario se ha ido complicando por
la arquitectura jurídica de las
transnacionales, que usan empresas
subsidiarias. Por ejemplo, Chevron
Argentina alega que no se le puede
cobrar una deuda de una empresa
diferente. Para ellos hay una división
de patrimonio, pero obviamente eso no es
verdad. Hemos demostrado que los
dividendos que genera Chevron Argentina
van de forma total y absoluta a Chevron
matriz. Así como las decisiones de la
empresa en Argentina. Pese a todas esas
pruebas, los jueces, en un tecnicismo
jurídico, han dicho que no hay
jurisdicción para el caso porque son
empresas diferentes. Esto ha pasado
también en Brasil. En Canadá estamos
peleando en último recurso ante la Corte
Suprema. Esto refleja que las
transnacionales no sólo usan a las
auxiliares para evadir impuestos, sino
para evadir la justicia y ocultarse de
los pueblos, que es mucho más grave.
“Las transnacionales no sólo usan a las
auxiliares para evadir impuestos, sino
para evadir la justicia y ocultarse de
los pueblos”
PABLO FAJARDO
Otra cosa que ha pasado en estos años es
la protección del país de origen de la
empresa, Estados Unidos. En marzo de
2014, un juez de instancia sacó una
sentencia que prohibía que los
demandantes ejecutáramos la sentencia
ecuatoriana allí. Apelamos, pero el
segundo circuito ratificó la sentencia,
lo que refleja como el país de origen de
la transnacional ha creado un escudo
protector para proteger a Chevron sin
analizar el crimen cometido por la
empresa en Ecuador ni la condena
judicial que existe en otro país. Otro
problema que aparece en este escenario
es la asimetría económica entre los
demandantes y la transnacional. En
Canadá, el pasado 23 de mayo, una
sentencia en segunda instancia nos
condena a pagar las costas judiciales de
Chevron. Esas costas las fija en 350.000
dólares canadienses. Es decir, que vamos
por el mundo buscando justicia, y
encontramos castigo económico. No
podemos pagar esa plata. Es imposible
que logremos esa cifra tan alta de
dinero. Pero ese es el precio de la
justicia. Así es como se usa el recurso
económico para impedir que los pueblos
tengan acceso a la justicia.
La Casa Blanca también ha ejercido
presión recientemente.
El pasado 27 de junio, justo el día en
que la Corte Constitucional debatiera
nuestro caso, el vicepresidente de
EE.UU., Mike Pence, se encontraba de
visita en el país y habló de “casos
irritantes” que dificultaban las
relaciones comerciales entre Ecuador y
EE.UU.. Esos casos eran tres: La
posición de Ecuador frente a Venezuela,
el caso de Julian Assange y el caso
Chevron. Básicamente vino a decir que,
si Ecuador quería tener buenas
relaciones comerciales con los Estados
Unidos, debía resolver estos tres casos.
El gobierno cambió inmediatamente su
posición en los dos primeros casos. En
el nuestro, hicieron una presión enorme
pero, afortunadamente, UDAPT liderando
la defensa de los derechos de la gente
junto a otros colectivos logramos que
esas presiones políticas no afectasen a
la decisión de los jueces. Y los jueces
sacaron una sentencia en firme.
Pero ni siquiera ahí han acabado los
problemas.
La decisión judicial generó que Chevron
recurriera a un tribunal de arbitrajes
internacional como última tabla de
salvación. Este tribunal, el 30 de
agosto, emitió un auto que es
descabellado e ilegal. Por una parte,
aplica un tratado bilateral de
protección de inversiones que entró en
vigencia en el año 1997. Chevron
(entonces exaco) dejó de invertir en
Ecuador en 1992. No se puede aplicar
retroactivamente el tratado. Los
árbitros, para beneficiar a Chevron,
hacen una interpretación bastante
distorsionada. Dicen que, como Ecuador
había firmado un contrato de remediación
en ambiental 1995 en el cual el entonces
Texaco se comprometía a remediar parte
del daño ambiental de sus operaciones,
ese gasto podía considerarse una
inversión. Distorsionan el concepto de
inversión. Uno invierte para ganar.
“Le están pidiendo al presidente de
Ecuador que elimine la división de
poderes”
OABLO FAJARDO
Pero lo más grave es que Chevron alega
que, cuando el estado ecuatoriano firmó
ese contrato, asumió los derechos
colectivos de los ciudadanos. Es decir,
que la gente de la Amazonia, desde ese
contrato en adelante, no tiene derecho a
demandar por reparación ambiental,
porque el estado es dueño de sus
derechos. Eso es imposible. Ningún
gobierno puede negociar con tus
derechos. Pero bajo esa lógica, el laudo
arbitral dice que el estado, al permitir
que nosotros llevásemos a cabo el
juicio, violó el artículo dos del
acuerdo y ordena al estado de Ecuador a
anular la sentencia del caso nuestro,
cuando ni siquiera nosotros formábamos
parte del arbitraje, que era entre
Chevron y el gobierno ecuatoriano, y
nunca nos pudimos defender. Y lo más
grave todavía es que no hay mecanismo
jurídico en Ecuador que permita que el
gobierno pueda anular una sentencia. Le
están pidiendo al presidente que elimine
la división de poderes. Son cosas
inaplicables e ilegales, pero detectamos
que el gobierno ecuatoriano está
interesado en aplicar el laudo arbitral
sin importar cómo afecta a derechos de
terceros que nunca participaron del
arbitraje internacional. Esto es
repudiable y exhortamos al gobierno
ecuatoriano a respetar nuestros derechos
y las leyes vigentes.
Y a partir de aquí, ¿Cuál es el camino a
seguir?
Ante esta realidad de una absoluta
ilegalidad, estamos en una posición muy
compleja. Nuestro juicio no se ha
anulado y seguimos litigando en cortes
como la canadiense y buscando otras para
homologar nuestra sentencia. Y queremos
que el Estado plantee un recurso de
nulidad ante las cortes holandesas.
Porque en el sistema de arbitraje, que
es perverso, no hay recursos. Si pierdes
un arbitraje, cualquier barbaridad que
se diga no hay como apelarla. Está todo
hecho para dar seguridad jurídica a las
trasnacionales. Pero el Estado tiene
derecho a ir a las cortes holandesas, y
esperamos que lo haga pronto. Obviamente
el sistema de justicia holandés
normalmente no declara nulidad en laudos
arbitrales. En los últimos cinco años,
han declarado, que yo sepa, dos
arbitrajes nulos. De cientos. Lo hacen
porque anular más casos genera el riesgo
de que el sistema arbitral emigre a otro
país. Pero este un precedente muy grave,
si no se revierte este laudo arbitral,
después de Ecuador vendrán otros
estados. Es el primero que se impone a
una sentencia de derechos humanos y
ordena a un estado soberano a anularla.
Si eso se aplica, cuando cualquier país
en cualquier parte del mundo saque una
sentencia contra una transnacional, esta
podrá ir a un arbitraje y anularla. Este
caso genera una inseguridad jurídica en
todo el planeta y puede ser aplicado a
partir de ahora. Hay que actuar. Está
bien que las transnacionales tengan
garantías, pero que no abusen del
derecho y, sobre todo, de nuestros
derechos.
Aunque Chevron se marchara de Ecuador en
1992, los efectos de su paso por la
Amazonía se siguen sintiendo. ¿Cuál es
el impacto a día de hoy?
[Toma la palabra Jose Justino
Piaguage]
Para empezar, está el daño material.
Nuestro pueblo siempre ha sido de
territorios extensos. Hoy vivimos
arrinconados en pequeños espacios. Se
han contaminado las cabeceras de los
ríos, que eran nuestra fuente de vida
porque generalmente nos alimentamos de
pescado. El petróleo diariamente se está
filtrando por el subsuelo. Y han
empezado a aparecer enfermedades que no
se habían detectado antes como la
leucemia o el cáncer. El daño a la salud
es terrible. De acuerdo a los últimos
datos, vivimos en la zona con mayor
índice de cáncer de toda América
Latina.
“Vivimos en la zona con mayor índice de
cáncer de toda América Latina”
JOSE JUSTINO PIAGUAGE
Pero también hay efectos inmateriales.
Nosotros somos pueblos pequeños, entre
tres nacionalidades no llegamos a los
3.000 habitantes, y el número va a la
baja. No sólo vamos a desaparecer
físicamente, sino que nuestra cultura
milenaria también. Las nuevas
generaciones están olvidando la
sabiduría ancestral. Nosotros miramos a
la selva y a los ríos con una dimensión
espiritual. Allí viven los espíritus.
Pero esa sabiduría dejó de transmitirse,
lo sabios decían que la comunidad estaba
demasiado sucia como para hacer nuestras
ceremonias. Eso ha roto todo el esquema
cultural. Ya hemos perdido a los
principales sabios. Murieron físicamente
sin poder transmitir su sabiduría, y su
parte inmaterial se sigue muriendo. Hay
dos culturas indígenas que ya se
extinguieron y nos preguntamos, ¿Cuál es
su precio? ¿Cómo se puede reparar eso?
Es imposible.
Chevron no sólo ha luchado a través de
la vía judicial. También ha emprendido
campañas de difamación específicamente
contra usted [Fajardo]. ¿De que se le
acusa?
Ufff… Es que es increíble. Ahora uno de
los frentes de ataque son las redes
sociales. Hasta no hace mucho, pagaban
en los periódicos nacionales todas las
semanas una página entera para poner su
verdad. Tengo varios juicios. Me
denunciaron en Gibraltar por haber
creado una empresa segura allí cuando
buscábamos formas de que gente que
quería financiar las costas del juicio
pudieran hacernos llegar el dinero.
Chevron nos demandó alegando que esa
empresa se creó para extorsionarles. Y
obviamente yo soy uno de los jefes de
esa mafia [ríe]. Pues me han condenado a
pagar 38 millones de dólares. Pero no me
preocupa, porque no tengo con qué pagar.
La estrategia de Chevron es ganar el
partido sacando de la cancha a un
jugador del campo contrario.
Usted también ha pagado un precio
personal…
No me gusta hablar mucho de eso porque
esta es una lucha colectiva. Pero lo que
nos ha pasado es grave y creemos que
puede ir a peor. Mi hermano murió
asesinado en 2004, nos han perseguido en
nuestra oficina, nos han intentado
agredir, todos nuestros correos están
pinchados y todo llega a Chevron antes
que a nosotros, nos vigilan, han espiado
a mis hijos, nos difaman con campañas
mediáticas y judiciales… Hay una
escalada. Y tras el laudo arbitral,
tenemos información de que hay planes de
Chevron y -espero que no sea cierto- del
gobierno ecuatoriano para aumentar esa
campaña en contra de nuestra causa.
Quieren neutralizarnos y sacarnos de
esta batalla.
¿A qué se refiere concretamente cuando
habla de “neutralizarnos”?
Espero que no vayamos a la cuestión
física. Pero hay todo un sistema
construido entre Chevron, actores del
gobierno ecuatoriano y los EE.UU. para
neutralizarnos, al menos, judicialmente.
Es un escenario preocupante, pero vamos
a seguir luchando hasta que se haga
justicia y se repare la Amazonia.
En la actualidad hay 200 organizaciones
a nivel mundial que preparan un tratado
vinculante para presentar ante la ONU
para evitar casos como el de Ecuador.
Denuncian que hay países de la UE y
otros lugares que están ejerciendo
presiones para que no se apruebe. ¿Por
qué cree que actúan así?
El tratado vinculante busca una
respuesta al problema global de falta de
acceso a la justicia de los pueblos. El
caso Chevron es el gran ejemplo. Pero la
UE y otros estados como España están
obstaculizando el proceso. No quieren
reconocer que muchas transnacionales
tienen sus sedes en su
territorio.Protegen su capital sin
importar los crímenes que cometan. Hay
una doble moral que hay que denunciar.
La UE se presenta en el mundo como uno
de los referentes en la lucha por los
derechos humanos, pero en estos casos
uno se da cuenta de que no es verdad.
Cuando hay un tratado vinculante que
pretende defender los derechos humanos
ante las transnacionales, se quedan
callados u obstruyen el proceso. Nuestra
lucha por ese tratado no es contra las
inversiones ni las transnacionales, es
para que los pueblos tengan acceso a la
justicia y que no haya crímenes
corporativos. Pero si los hay, que sean
sancionados.
La convocatoria de una marcha ultra ha
enturbiado los festejos para conmemorar
el centenario de la recuperación de la
independencia de Polonia del próximo
domingo. Lejos de prepararse para los
actos, los polacos están contemplando
con sumo asombro un caos organizativo y
político que amenaza con convertir la
solemne fecha en una catástrofe de fondo
y de forma.
Para entender el embrollo en el que este
año se está convirtiendo la máxima
fiesta nacional en Polonia es preciso
reconstruir el nefasto guion de
acontecimientos. Primero, durante meses,
el Gobierno nacionalista de Ley y
Justicia ha anunciado una gran
conmemoración nacional con motivo del
aniversario del fin de la Primera Guerra
Mundial, que permitió a Polonia
recuperar su independencia nacional tras
120 años de inexistencia política. El
presidente Andrzej Duda y demás
autoridades pretendían encabezar los
festejos, a los que invitaban a sumarse
a todos los polacos, por encima de sus
diferencias ideológicas y políticas. Sin
embargo, el Gobierno tropezó con la
negativa de la oposición y
personalidades liberales y de izquierda
a concurrir a los festejos con un
Gobierno al que acusan de destruir la
democracia y el Estado de derecho y
sacar paulatinamente a Polonia de la
UE.
Pero cuando nacionalistas radicales, que
ya en años pasados organizaron
multitudinarias marchas explícitamente
racistas y xenófobas, con porte de
antorchas y símbolos fascistas,
confirmaron su gran movilización, el
Gobierno rectificó y Duda desistió de
encabezar la marcha.
Acto seguido, la alcaldía de Varsovia,
en manos de la oposición liberal,
prohibió la marcha ultra del domingo,
aduciendo precedentes de exhibición de
símbolos prohibidos y consignas que
fomentan el odio racial y étnico, con el
argumento de que no podía garantizar el
orden público y la seguridad debido a la
negativa del Ministerio del Interior de
colaborar, así como citando una masiva
huelga policial que diezmaba a los
agentes disponibles.
El Gobierno insiste en encabezar el
desfile, pero dice que no admitirá más
símbolo que la bandera
Entonces, el régimen momentáneamente dio
un giro de 180 grados y, tras una
improvisada reunión del presidente Duda
con el jefe de Gobierno, Mateusz
Morawiecki, anunció que finalmente sí
iba a encabezar el desfile, que se
llevará a cabo por la misma ruta que
querían recorrer los ultranacionalistas
vetados por la alcaldía. El Gobierno
anunció además que no toleraría más
símbolos que las banderas nacionales
blanquirrojas y no se admitiría a nadie
que quisiera lucir otros. Es la primera
vez en muchos años que el Gobierno pone
objeciones a la simbología de los
ultras, a los que ha venido cortejando
como patriotas. El Ministerio de Defensa
dijo que el ejército asumirá la
seguridad del acto.
Los líderes ultras, descolocados ante la
negativa de la alcaldía, recurrieron el
veto, sobre el que un tribunal municipal
debe pronunciarse en 48 horas. Afirman
que la prohibición de marchar viola sus
derechos constitucionales de libre
expresión y manifestación.
Les indigna todavía más la pretensión
del Gobierno de “robarles” y “censurar”
su marcha, despojándola de símbolos de
identidad que antes no molestaban. Ante
ambos desafíos prometen desobedecer y
proceder con su desfile pese a todo.
El 2017, como había ocurrido en los
últimos años, unos 70.000 ultras,
alentados y ayudados por el Gobierno
nacionalista, desfilaron en Varsovia con
las siglas ONR (Organización
Nacionalista Radical), con pancartas que
ensalzaban una “Europa blanca” y la
“pureza de sangre”, prometiendo “muerte
para los enemigos de la nación”, rezando
“por el Holocausto musulmán” y luciendo
cruces gamadas y antorchas. La marcha
suscitó condenas internacionales. El
Gobierno polaco, en cambio, la defendió
y dijo que la mayoría de los
manifestantes eran sólo patriotas. Un
ministro llegó a decir que la marcha
había sido una “bella imagen”.
A nadie se le escapa que el auge del
nacionalismo extremo, racista,
antisemita y fascista, que tanto daña la
imagen de Polonia, ha sido en los
últimos años un bienvenido compañero de
viaje del Gobierno nacionalista en su
cruzada contra la democracia liberal y
una Europa relativista y cosmopolita.
Ahora resulta que los ultras se han
convertido en un aliado demasiado
crecido, rebelde y cada vez más difícil
de meter en cintura.
Una estatua para Kaczynski
La estatua dedicada al difunto
presidente Lech Kaczynski, que se
inaugura el sábado en una plaza del
centro de Varsovia, suscita polémica. De
casi siete metros, es más alta que el
cercano monumento al mariscal Jozef
Pilsudski, héroe de la independencia.
Kaczynski, que murió en el 2010 en un
accidente aéreo en Rusia, era el hermano
gemelo de Jaroslaw Kaczynski, jefe del
partido gobernante Ley y Justicia.
Aunque la tragedia aérea, que causó 96
muertos, conmocionó a Polonia, muchos
ven excesivo poner a Lech Kaczynski al
mismo nivel que un héroe nacional.
Les petromonarquies del golf Pèrsic han
sigut criticades per no acollir els
refugiats de les guerres que destrossen
Síria, l’Iraq i l’Afganistan. I és que,
tot i ser pròxims, estar implicats en
aquests conflictes i tenir vincles
culturals i lingüístics amb els
desplaçats forçats i tenir molts més
recursos que els països àrabs que
suporten el pes de la crisi (Jordània i
el Líban), ni Bahrain, ni Kuwait, ni
Oman, ni Qatar, ni l’Aràbia Saudita ni
els Emirats Àrabs han signat les
convencions internacionals de refugiats.
El mes passat Qatar va sortir d’aquest
guió i es va convertir en el primer país
del Golf a aprovar una llei d’asil, però
la norma és tan restrictiva que no va
més enllà d’un gest de cara a la
galeria. Les ONG alerten, a més, que
vulnera drets fonamentals.
El més sorprenent és la contundència amb
què l’article 11 de la nova llei sobre
l’organització de l’asil polític
prohibeix als refugiats “implicar-se en
qualsevol activitat política” mentre
visquin a Qatar, sota l’amenaça de ser
expulsats pel ministeri de l’Interior
“al país que ells triïn”. A més, segons
preveu l’article 10, els refugiats
hauran de demanar permís al govern si
volen canviar el lloc de residència que
se’ls ha assignat.
“Les llibertats d’expressió, associació
i reunió ja estan molt restringides a
Qatar. I no ens queda clar per què hi ha
més límits en el cas dels refugiats ni
per què els impedeixen la llibertat de
moviments”, explica a l’ARA des d’Amman
Hiba Zayadin, investigadora de Human
Rights Watch.
Tot i que la llei prohibeix la
deportació de refugiats a països on
puguin ser subjectes de maltractaments,
tortures o execucions, limita aquesta
protecció als que són objecte de
persecució per la seva religió, ètnia i
ideologia o pertinença a un grup social
determinat. No queda gens clar, per
exemple, què passaria si una parella del
mateix sexe de l’Iran, on
l’homosexualitat està castigada amb la
pena de mort, demanés asil a Qatar. A
més, les sol·licituds es donen per
desestimades després de tres mesos de
silenci administratiu i no hi ha opció
d’apel·lar a la justícia.
La llei preveu que els refugiats puguin
treballar i tenir accés a l’atur,
l’educació, la sanitat i l’habitatge
públics i també el dret a resar i al
litigi.
La nova norma arriba en ple aïllament de
Qatar pel bloqueig imposat per l’Aràbia
Saudita, els Emirats Àrabs i Bahrain,
que l’any passat van ordenar als seus
ciutadans abandonar Qatar alhora que
expulsaven els qatarians del seu
territori. Però alguns nacionals
d’aquests països es van estimar més
quedar-se a Doha i ara podran acollir-se
a la llei per regularitzar la seva
situació. La llei d’asil podria
quedar-se, doncs, en un exili daurat per
a aquests contingents.
L’altre front de crítica internacional
que té obert Qatar és la situació dels
treballadors immigrats, sotmesos a un
sistema d’ espònsors ( kafala ) que
suposa la seva total submissió a
l’empresari i que l’Organització
Internacional del Treball ha titllat
d’“esclavatge modern”. El fet que bona
part treballi en la construcció de les
infraestructures del Mundial de futbol
del 2022 ha amplificat les crítiques.
Qatar també ha abolit el requisit de
demanar permís a l’empresari per poder
abandonar el país, però no es podran
acollir a la nova normativa, per
exemple, les desenes de milers de
treballadores domèstiques. Els
treballadors tampoc podran canviar
d’empresa dins del país. Alhora, per
primer cop els estrangers podran
sol·licitar la residència permanent a
Qatar, encara que només podran fer-ho un
centenar de persones cada any.
Rentat d’imatge
Luciano Zaccara, professor de la
Universitat de Qatar, explica que Doha
intenta millorar la seva imatge
internacional: “La llei d’asil, la
reforma de la kafala i els canvis en la
llei de residència es deuen bàsicament a
pressions internacionals de cara al
Mundial, i busquen millorar la imatge
respecte a les llibertats civils. Fins i
tot pot ser una mesura orientada a la
millora dels recursos humans, ja que
moltes empreses es queixen que el
sistema de kafala és tan limitat que els
impedeix contractar gent vàlida. Però,
en tot cas, l’aplicació de la nova
normativa no és universal ni
automàtica”.
Ens trobem amb Aleksander Vinnikov, cap
de la representació de l’OTAN a Ucraïna,
en una boulangerie francesa al centre de
Kíev, on acostuma anar a prendre el
brunch. Parla francès, anglès, castellà
i ucraïnès. Vinnikov es declara
europeista i aspira a una Ucraïna
“independent, sobirana i democràtica”.
Però les aspiracions d’Ucraïna
d’ingressar a la UE i l’OTAN estan
encara molt lluny de fer-se realitat.
Per ser membre de l’Aliança Atlàntica se
li exigeixen una sèrie d’estàndards
polítics, militars, legals i de drets
humans que, sent optimistes, el país
trigaria més d’una dècada a complir.
Els recursos de les forces armades
ucraïneses són molt pobres. El
currículum militar i la seva tecnologia
estan obsolets, i les seves forces no
estan ben organitzades. Ucraïna és en el
segon lloc, després de Mèxic, en la
llista dels països més corruptes, segons
l’organització Transparència
Internacional. Quatre anys després de la
revolució de la plaça Maidan
(Independència), que va tombar el govern
pro-rus de Víktor Ianukóvitx, el nou
executiu d’inclinació euroatlàntica no
ha aconseguit, de cap manera, reduir la
corrupció i la mala administració. El
sou mitjà dels ucraïnesos no supera els
200 euros mensuals, la qual cosa
converteix el país en un dels més pobres
d’Europa.
El conflicte amb Moscou
La prioritat, ara, és “modernitzar les
forces armades ucraïneses perquè
s’adeqüin a la normativa euroatlàntica”,
insisteix el representant de l’OTAN
abans d’aclarir que la seva oficina
proporciona assessorament, capacitació i
l’equipament necessari per complir
aquesta tasca. Amb tot, admet que la
inestabilitat a l’est del país no
afavoreix el procés d’adhesió d’Ucraïna
al bloc occidental. Vinnikov explica que
l’OTAN no té relació amb el conflicte de
l’est d’Ucraïna, que enfronta Kíev amb
Moscou. “Com que no hi ha mandat,
únicament donem suport a la resolució de
Minsk”, és a dir, la solució per via
política entre les dues parts.
L’Aliança també dona suport al
desplegament de Cascos Blaus a les
regions separatistes del Donbass i
Lugansk. Encara que Rússia s’ha
pronunciat a favor de desplegar Cascos
Blaus, ha posat com a condició que la
missió es limiti a garantir la seguretat
dels observadors de l’OSCE i que no es
desplegui més enllà de la línia que
separa les tropes ucraïneses de les
milícies del Donbass.
Vinnikov afirma que des del 2014 -inici
de l’agressió russa a Ucraïna- la
cooperació amb l’OTAN “és més forta” en
suport a “la sobirania nacional”. “Els
aliats han instat Rússia a retirar les
seves forces, armament i suport a les
milícies separatistes”.
Per a les autoritats ucraïneses és més
fàcil responsabilitzar Rússia de tots
els mals que expiar les culpes. “Que ens
veiem com un estat fallit i corrupte que
no pot sostenir-se per ell mateix ha
sigut sempre l’aspiració de Rússia per
estar sotmesos al seu control i
influència”, denuncia Ivanna Klimpuix,
viceprimera ministra per a la Integració
Europea i Euroatlàntica d’Ucraïna.
Klimpuix ens rep a la seva oficina del
descomunal Rada Suprema (Parlament)
d’Ucraïna.
“L’agressió russa no només és contra
Ucraïna, vol dividir Europa -adverteix
la periodista convertida en viceprimera
ministra-. Mantenir-nos units és la
nostra manera de lluitar contra
l’agressor. I això és possible amb
l’ajuda de l’OTAN, que està entrenant
les nostres tropes”, diu. Klimpuix
saluda l’oferta de rebre armes dels EUA
per defensar-se de l’enemic. “És evident
que necessitem armes. Els EUA o
qualsevol que ens les vulgui vendre serà
benvingut”, diu.
“Rússia va prometre a Minsk ser garant
de la integritat territorial i la
seguretat d’Ucraïna. I ara els
mercenaris i titelles de Rússia ens
ataquen. Estan provant noves armes i
municions al nostre territori
-adverteix-. Som a la línia del front
entre la dominació russa i el món
lliure”
Una nueva política fiscal ha aumentado
el precio de la comida y ello ha minado
el apoyo al polémico presidente de
FilipinasLa popularidad de Rodrigo
Duterte ha pasado de un 80% a en torno
el 50% y 60%, según las últimas
encuestas
Victoria Marinova, de 30 anys, dirigia
un programa d'investigació en una
televisió local. Bulgària, amb 7 milions
d'habitants, està considerat, segons
Transparència Internacional, el país més
corrupte de la Unió Europea
Un total de 147 millones de brasileños
deciden en la primera vuelta de este
domingo 7 de octubre el destino de un
país cada vez más polarizadoEl
ultraderechista Bolsonaro, líder de las
encuestas y que sufrió una violenta
agresión, se ausenta del último debate
televisado aunque ofrece una entrevista
a la misma hora en otro canal
El Tribunal Internacional de Justícia
(TIJ) de l'Haia ha ordenat als Estats
Units que suspengui les sancions que
havia imposat a l'Iran després de la
seva sortida de l'acord nuclear amb el
país persa, malgrat que l'Organisme
Internacional de l'Energia Atòmica va
confirmar que Teheran estava
implementant l'acord correctament.
El secretari d'Estat dels Estats Units,
Mike Pompeo, ha reaccionat a la
sentència del tribunal assegurant que el
seu país continuarà enviant ajuda
humanitària a l'Iran. A més, ha acusat
l'Iran d'haver vulnerat el tractat
durant anys.
Els jutges internacionals han dictaminat
la paralització de les sancions
imposades a Teheran, com, per exemple,
l'exportació d'aliments, productes
mèdics i agrícoles i equips
imprescindibles per a la seguretat de
vols civils. A més, el màxim òrgan
jurídic de les Nacions Unides exigeix
als Estats Units l'obligació
d'autoritzar transferències monetàries
perquè els béns bàsics puguin
exportar-se a l'Iran.
Així doncs, el president del tribunal,
el jutge Abdulqawi Ahmed Yusuf, ha
declarat que l'impediment per obtenir
aquests productes "pot tenir un impacte
perjudicial en la salut i la vida de les
persones de l'Iran". El mes d'agost
passat, els Estats Units van declarar
davant del tribunal que farien els
"màxims esforços" per considerar les
preocupacions dels jutges en relació als
temes humanitaris i de seguretat aèria i
ciutadana.
La queixa iraniana
La denúncia de l'Iran es basa en el
document firmat pels dos països l'any
1995 en un moment de bones relacions
polítiques. Segons Teheran, els Estats
Units han violat diversos punts del
Tractat d'Amistat, Relaciones
Econòmiques i Drets Consulars, com el
"d'assegurar la protecció d'individus i
companyies i no interferir en les
operacions entre els dos països".
La decisió de l'Haia suposa una victòria
parcial per a l'Iran, ja que els seus
advocats havien demanat la paralització
de totes les sancions: des de
l'adquisició del deute iranià fins a la
compra de petroli i de productes
petroquímics.
Segons ha dit el ministre d'Afers
Estrangers de la República Islàmica,
Mohamed Yavad Zarif en una declaració a
l'agència de notícies Tasnim, "la
decisió demostra, una vegada més, que la
República Islàmica està fent les coses
bé i que les sancions dels Estats Units
en contra de la gent i la població civil
del nostre país són il·legals i cruels".
Els magistrats del Tribunal de l'Haia
reconeixen a la sentència que les
sancions imposades pels Estats Units ja
han tingut un impacte en "la importació
i exportació de productes entre els dos
països".
La vulnerable aplicació de la
sentència
Encara que les resolucions del Tribunal
Internacional de Justícia tenen un
caràcter vinculant i creen obligacions
legals a les dues parts implicades en el
conflicte, la seva execució dependrà
exclusivament de les pressions
polítiques internacionals o de la
voluntat dels mateixos països implicats.
Washington va sol·licitar al tribunal
que no considerés cap de les demandes de
l'Iran, ja que podrien causar
"prejudicis irreparables als drets
sobirans dels Estats Units en les seves
polítiques respecte a l'Iran". L'ordre
de l'Haia s'hauria d'aplicar mentre el
tribunal respon el problema de fons. Tot
i això, la seva execució depèn també del
Consell de Seguretat de la ONU, on els
Estas Units té dret a vet.
Rosalie Pelchat és una jove típica de
l’anomenada nova generació del Quebec.
Pot parlar en francès o anglès
indistintament, sense cap mena d'esforç.
I es passa hores navegant a Facebook o
veient Netflix en l'idioma de
Shakespeare. A diferència de la
generació anterior, ella no té cap
interès de lluitar per un Quebec
independent.
"Nosaltres no ens sentim insegurs sobre
la nostra llengua, a diferència de la
generació dels nostres pares", explica
la Rosalie, de 17 anys i que estudia
ciències a la universitat francòfona de
Maisonneuve. "Estem millor econòmicament
si formem part del Canadà i estem oberts
al món. Parlar d’independència està
desfasat", assegura.
El Quebec celebra eleccions aquest
dilluns, i la possibilitat que aquesta
província se separi del Canadà ha estat
deixada de banda per primera vegada en
dècades. En lloc de centrar-se en la
independència, la campanya electoral ha
estat dominada per temes com l’educació,
la sanitat i, especialment, la
immigració. El partit de centredreta
proposa limitar la immigració en aquesta
província francòfona, i que els
nouvinguts hagin de fer un "examen de
valors" i un altre de francès.
Els moviments independentistes s’han
estès al món, com per exemple al
Kurdistan, Catalunya i els Balcans
durant els últims anys. Però al Quebec,
la globalització, la prosperitat i les
lleis estrictes que protegeixen la
llengua i la cultura locals han fet que
es deixi de banda el tema de la
sobirania.
Fins i tot l’independentista i
nacionalista Partit Quebequès ha promès
que no proposarà la celebració d’un nou
referèndum fins després del 2022, una
manera de reconèixer que és un tema que,
de moment, no li fa guanyar vots.
Aquesta formació és la tercera força a
les enquestes, molt per darrere del
Partit Liberal, que és ara al govern i
que es troba frec a frec amb el partit
de centredreta Avenir Québec, liderat
per François Legault, un empresari que
abans era un fervent defensor de la
independència però que ara ha abandonat
aquest objectiu.
"Els joves d’avui tenen confiança en
ells mateixos, són capitalistes,
federalistes i volen viatjar", explica
Jean-Marc Léger, president de Léger, una
important firma canadenca de recerca de
mercats. Han crescut en el món sense
fronteres de Twitter i Snapchat,
afegeix. "No els interessa les batalles
per la independència de la generació del
'baby boom', la dels seus pares".
En un debat televisiu de més de dues
hores aquest mes entre els candidats
dels principals partits, la qüestió de
la independència no es va tractar en cap
moment. En canvi, sí que es van discutir
les propostes de Legault sobre expulsar
els immigrants que no siguin capaços de
superar un examen de francès després
d’haver viscut tres anys a la província
francòfona.
François Cardinal, un veterà
comentarista sobre temes polítics al
Quebec i cap de la secció editorial de '
La Presse' –el principal diari francòfon
del Canadà–, va destacar que era la
primera vegada en 40 anys que la qüestió
de la independència del Quebec era
ignorada en unes eleccions. El fracàs
del moviment independentista en dos
referèndums, un l’any 1980 i l’altre el
1995, va deixar fora de joc els seus
seguidors, destaca el periodista.
Al primer referèndum, el 1980, sobre si
el Quebec havia de separar-se del
Canadà, el 'no' va guanyar amb un 20%
més de vots. Pocs anys abans, el 1977,
el Partit Quebequès, aleshores al
govern, havia aprovat la llei 101, que
establia que el francès seria la llengua
al govern, els tribunals i el comerç.
Davant la situació d’inestabilitat,
desenes d’empreses, inclòs el Banc de
Mont-real, va traslladar la seu a
Toronto. Aquesta llei continua en vigor
actualment. El 1995 el resultat de la
consulta va ser molt més ajustat: el
50,58% dels quebequesos van votar a
favor de continuar formant part del
Canadà.
El desig d’independència també ha
desaparegut al Quebec a mesura que la
situació de l'economia ha millorat a la
província. La taxa d’atur és inferior al
6%. A més, l’executiu del Quebec rep
cada any milers de milions de dòlars del
govern federal per al pagament de
programes i serveis públics. Però això
genera irritació en altres províncies
del Canadà.
Manifestarse en Nicaragua ya es un
delito. El Gobierno que dirige, con mano
dura, el sandinista Daniel Ortega ha
informado este viernes a través de un
comunicado emitido por la Policía
Nacional de la prohibición de las
protestas que exigen el fin del régimen.
Y amenaza, también, con enjuiciar a
quienes organicen nuevas
manifestaciones.
Para las autoridades del país
centroamericano, inmerso en su peor
crisis política desde el fin de la
guerra civil de la década de los
ochenta, las protestas son “ilegales” y
una amenaza a la paz y la seguridad. En
los últimos meses, la violencia se ha
cobrado la vida de 326 personas, según
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). La mayoría de ellos son
civiles que murieron por la represión
desatada desde el Estado.
“La Policía Nacional reitera que ante
cualquier alteración y/o amenaza a la
tranquilidad, el trabajo, la vida, y a
los derechos de las personas, familias y
comunidades, serán responsables y
responderán ante la justicia, las
personas y organismos que convocan a
estos desplazamientos ilegales desde los
cuales se han promovido y se intenta
promover acciones delictivas,
destructivas y criminales”, se lee en la
nota emitida por la Policía y enviada a
los corresponsales extranjeros por la
primera dama y vicepresidenta, Rosario
Murillo.
Este último movimiento es un intento
desesperado del régimen por frenar el
movimiento social que desde abril exige
el punto final a 11 años de gobierno
autoritario, en los que Ortega se ha
hecho con el control de los poderes e
instituciones del Estado y ha instaurado
un régimen familiar con el objetivo de
conformar una nueva dinastía en
Nicaragua. Hay un precedente: el
somocismo, que gobernó el país
latinoamericano durante más de 40 años y
que cayó con la revolución sandinista de
la que Ortega formó parte. El régimen de
Ortega parece seguir los pasos de
aquella dictadura, que en 1979 ilegalizó
las manifestaciones en un país en plena
efervescencia. Aquel año, Somoza también
declaró ilegales los paros y las
huelgas.
El pasado sábado Ortega alertó a los
empresarios de que enviaría a la policía
para mantener abiertos a las fuerzas los
negocios que decidan sumarse a un nuevo
paro nacional. El mandatario acusa a la
iniciativa privada de imponer un
“terrorismo económico” en este país.
La advertencia de la Policía se da un
día después de que se anunciaran nuevas
manifestaciones para el fin de semana en
Nicaragua, entre ellas una protesta
denominada “Nicaragua en Rebeldía”. El
Gobierno ha ordenado a sus simpatizantes
y a los trabajadores del Estado mantener
una movilización permanente como forma
de intimidación a los opositores que
desde abril protestan en Managua y en
varias ciudades del interior del país.
Una de las últimas manifestaciones
opositoras fue violentamente reprimida
el pasado sábado. En el ataque de grupos
armados leales al Gobierno murió un
adolescente de 16 años y otras seis
personas resultaron heridas, entre ellas
el periodista Winston Potosme, que
recibió un disparo en el brazo derecho.
Está por ver si el anuncio de la Policía
de este viernes logrará desmovilizar las
próximas protestas.
El viernes por la tarde, la Policía
también allanó las oficinas del
Instituto Estudios Estratégicos y
Políticas Públicas (IEEPP), un centro de
pensamiento enfocado en temas de
seguridad y transparencia pública. El
Ejecutivo de Ortega ha señalado al IEEPP
y a su director, Félix Maradiaga, de
financiar actos de “terrorismo” para
desestabilizar al Ejecutivo sandinista.
La Policía decomisó documentos y
ordenadores de las oficinas del IEEPP,
localizadas en el céntrico Reparto San
Juan de Managua.
Las autoridades ya habían girado una
orden de captura contra Maradiaga,
exiliado en Estados Unidos. “El de la
Policía es un comunicado
inconstitucional, en directo atropello a
las normas más básicas del Estado de
derecho. Es una posición torpe del
régimen, que quiso mantener cierta
normalidad, pero que con este comunicado
lo que hace es oficializar un modelo
dictatorial”, dijo Maradiaga a EL PAÍS,
en conversación telefónica desde el país
norteamericano. El experto calificó,
además, el allanamiento de las oficinas
del IEEPP de "un atropello más a la
sociedad civil" nicaragüense.
Maradiaga participó a primeros de
septiembre en la sesión del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en la que,
por solicitud de Estados Unidos, se
discutió por primera vez la crisis
nicaragüense. En ese foro, el ex
secretario del Ministerio de Defensa,
bajo la Administración de Enrique
Bolaños (2002-2007), denunció en esa
ocasión las violaciones a los derechos
humanos y la criminalización de las
protestas por parte de Ortega.
A mediados de julio, el Parlamento
nicaragüense –controlado por Ortega–
aprobó una controvertida ley contra el
lavado de activos, la financiación al
terrorismo y la “proliferación de armas
de destrucción masiva” que fue
calificada por organizaciones de
derechos humanos como un instrumento del
régimen para criminalizar a sus
críticos. La ONU advirtió en esa ocasión
que "el texto es muy vago y permite una
amplia interpretación que podría
provocar que se incluyera como
terroristas a personas que simplemente
están ejerciendo su derecho a la
protesta”.
Desde entonces han sido detenidas –según
cifras oficiales– más de 200 personas
acusadas de “terrorismo”. Las
organizaciones de derechos humanos creen
que la cifra de detenidos en las
cárceles del país podría superar los
300, la mayoría por protestar contra el
régimen. El miércoles, la CIDH recomendó
al Gobierno "suprimir" las detenciones
ilegales y "reconsiderar" las
acusaciones por terrorismo contra los
ciudadanos que protestan contra el
régimen.
El exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, fue condenado por un
juez federal a nueve años de prisión
tras declararse culpable de los delitos
de asociación delictuosa y lavado de
dinero. En una audiencia realizada esta
tarde ante un juez federal, el
exmandatario aceptó los cargos fincados
por la Procuraduría General de la
República (PGR, Fiscalía) que lo acusa
de haber desviado recursos públicos a
través de una red de empresas fantasma.
El político que fue expulsado de su
partido -el PRI, en el Gobierno- realizó
las operaciones delictivas por medio de
un complejo esquema de desvío de
recursos al que pretendió otorgarle
apariencia de licitud. Según la
acusación de la PGR, Duarte giró
instrucciones a una red de testaferros
que compró cerca de 40 propiedades con
recursos provenientes del erario de
Veracruz.
Duarte pactó con la Fiscalía, a través
de su abogado, un procedimiento
abreviado con el que pudo obtener una
pena de nueve años de prisión y una
multa de 58.890 (unos 3.270 dólares) por
los delitos imputados y así evitó llegar
al juicio oral. El pasado 22 de agosto,
la PGR –una instancia que en México
depende del Ejecutivo– reclasificó el
delito de delincuencia organizada por el
de asociación delictuosa, de menor
gravedad, lo que causó indignación en la
opinión pública. En la audiencia de este
miércoles, llamada intermediaria y
previa al juicio, el juez analizó cada
una de las pruebas presentadas por la
PGR para determinar si servirían para el
juicio. Sin embargo, la audiencia dio un
giro tras la declaración de culpabilidad
de Duarte y se le terminó dictando una
mínima sentencia, así como el decomiso
de bienes. Pese al fallo de este
miércoles, aún le quedan pendientes los
cargos fincados por la Fiscalía de
Veracruz.
El político fue capturado el 15 de abril
de 2017 en Guatemala, donde se
encontraba prófugo de la justicia desde
octubre de 2016 cuando la Fiscalía
mexicana dio a conocer que había emitido
una orden de aprehensión en su contra.
Tres meses después de su detención fue
extraditado a México. Entre las pruebas
que ha presentado el ministerio público
obran escrituras públicas de los bienes
asegurados, como ranchos, predios
rústicos, terrenos, departamentos y
viviendas. También hay estados de
cuentas de los pagos realizados,
documentos de constitución de empresas,
una denuncia de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y declaraciones
ministeriales de sus cercanos
colaboradores. Entre ellos Arturo
Bermúdez Zurita, exsecretario de
Seguridad Pública en Veracruz..
Antes de ser extraditado, su defensa
había asegurado que su cliente era
víctima de una persecución política. Con
las acusaciones de la Fiscalía se ha
tratado de dar un "matiz" de desviar
fondos y comprar propiedades, pero las
personas que aparecen en las
transacciones no tienen ninguna relación
de parentesco que los puedan vincular
con su defendido ya que no son sus
familiares, expuso en su momento el
abogado. En una audiencia celebrada en
julio de 2017 en Guatemala, antes de ser
extraditado a México, Duarte intentó
sacudirse las acusaciones afirmando que
en ninguno de los documentos lo señalaba
directamente. "En ninguna de las pruebas
que acaba de mencionar aparece mi nombre
ni de ninguno de mis familiares
directos", argumentó en ese entonces.
Sin embargo, tras valorar con sus
abogados y con el paso de los meses,
decidió cambiar la estrategia y
declararse culpable.
La corrupción en la administración de
Duarte --cuestionada también por la
inseguridad y el asesinato de
periodistas-- cobró notoriedad a partir
de una investigación periodística del
portal Animal Político. En mayo de 2016
se desveló una trama que involucraba a
funcionarios con altos cargos en el
Gobierno de Veracruz. La investigación
periodística reveló que la
administración pagó a supuestas empresas
para suministrar útiles escolares,
alimentos y material de construcción a
personas de escasos recursos, pero los
proveedores nunca llevaron a cabo las
acciones. Los servidores públicos
habrían organizado 73 licitaciones
amañadas para beneficiar a 21 empresas
con varios elementos en común: se
fundaron al mismo tiempo, cerraron al
conseguir un contrato o los socios están
relacionados entre sí. La operación
involucró el reparto de 35 millones de
dólares.
Tras una intensa campaña en redes con el
hashtag #Avortarem, en los próximos días
el movimiento feminista del país
reivindica el derecho del aborto,
prohibido bajo todos sus supuestos,
incluso con penas de cárcel. La iglesia
tiene un papel clave en esta
vulneración.
En una carta a Forcadell, el president
del parlament flamenc diu que Espanya
'no compleix els requisits mínims per a
ser membre de la Unió Europea' · Les
autoritats espanyoles consideren un
insult el contingut de la missiva
El president del Vietnam, Tran Dai
Quang, ha mort aquest divendres als 61
anys a causa d'una llarga malaltia,
segons han informat fonts oficials. El
mandatari patia una "greu malaltia" que
no va poder superar malgrat l'atenció
mèdica tant nacional com
internacional.
L'Assemblea Nacional vietnamita havia
escollit Quang com a cap d'estat l'abril
del 2016, tres mesos després que el
Partit Comunista, l'únic legal al país,
el proposés com a candidat al seu dotzè
congrés. Abans d'entrar al poder, Quang
havia sigut ministre de Seguretat
Pública des del 2011, un dels càrrecs
amb més poder del país asiàtic, on el
secretari general del Partit Comunista
exerceix de líder 'de facto'.
Alemania vuelve a ser escenario del
conflicto político y judicial entre la
Generalitat y el Gobierno. En esta
ocasión Berlín, ciudad elegida por el
Executiu catalán para oficializar la
reapertura de las delegaciones catalanas
cerradas por la Moncloa en aplicación
del artículo 155 de la Constitución.
Tras la recuperación del consorcio
público-privado del Diplocat dos meses
atrás, el conseller de Acció Exterior,
Ernest Maragall, se desplaza hasta la
capital teutona para reinaugurar este
miércoles a las 19.00 horas la
delegación catalana en Alemania, que
estará capitaneada por Marie Kapretz –ya
delegada antes del 155.
El Parlament Europeu ha aprovat demanar
l'obertura del procés que preveu
l'article 7 del tractat de la Unió
Europea per sancionar Hongria. El motiu
és que considera que el govern de Viktor
Orbán ha vulnerat els principis
fundacionals de la UE.
L'aprovació s'ha fet amb 448 vots a
favor, 197 en contra i 48 abstencions.
La majoria dels eurodiputats del PP
espanyol s'han abstingut, però tres han
votat en contra: Gabriel Mato, Carlos
Iturgaiz i Pilar Ayuso.
El Parlament Europeu va viure aquest
dimarts una situació inèdita que pot
convertir-se en històrica aquest
dimecres: el govern d'Hongria va haver
de defensar-se de l'acusació d'haver
vulnerat els principis fundacionals de
la Unió Europea.
Davant dels europarlamentaris el primer
ministre hongarès, Viktor Orbán, i
davant la moció de censura que haurà
d'afrontar aquest dimecres, va assegurar
que no li fa por que la UE el
sancioni:
"Hongria no es rendeix al xantatge.
Hongria defensarà les seves fronteres,
aturarà la immigració il·legal i
defensarà els seus drets, si cal fins i
tot contra vostès."
Orbán governa Hongria des del 2010 i des
de llavors el seu estil autoritari i
populista ha estat molt criticat des de
les institucions comunitàries.
L'acusen de vulnerar la separació de
poders i els principis democràtics,
pressionant la justícia, els mitjans de
comunicació i les organitzacions no
governamentals del seu país.
La crisi dels refugiats
Les crítiques a Orbán es van fer més
visibles a partir de la crisi dels
refugiats, quan el seu govern va blindar
les fronteres per barrar el pas al flux
procedent de Turquia i Grècia.
Davant del Parlament Europeu, Orbán va
assegurar que les acusacions contra ell
són "falses":
"No acceptaré pas que les forces
pro-immigració ens amenacin, facin un
xantatge i calumniïn Hongria basant-se
en acusacions falses."
Corrupció i control de la justícia
Durant la sessió, el vicepresident de la
Comissió Europea, Frans Timmermans, va
assegurar que els drets fonamentals, la
corrupció i el control governamental de
la justícia a Hongria són molt
preocupants.
Una de les intervencions més punyents va
ser la de Guy Verhofstadt, del Grup
Liberal:
"Siguem sincers: la incòmoda veritat és
que, en les circumstàncies actuals,
Hongria no hauria entrat mai a la Unió
Europea."
Calen dos terços
La moció de censura que es votarà aquest
dimecres és un mecanisme que no s'ha fet
servir mai, i exigeix que hi votin a
favor dos terços de la càmera. Si
s'aprova, els líders europeus tindran la
possibilitat de deixar Hongria sense vot
a la UE, entre altres sancions
possibles.
El Partit Popular Europeu, grup al que
pertany el partit d'Orbán, ha donat
llibertat de vot als seus membres. El
primer ministre hongarès de moment
compta amb el suport explícit de Polònia
i també de la Lliga italiana.
En la pràctica, però, el més probable és
que encara que s'aprovi la moció de
censura no es puguin aplicar sancions,
perquè Polònia les podria vetar.
Se trata del segundo cementerio
clandestino más grande descubierto en el
estado de Veracruz. Un territorio que
tiene un promedio de mil muertos cada
año por la guerra entre cárteles de la
droga y fuerzas de seguridad.
Una nueva fosa común clandestina con al
menos 166 cráneos y otros restos humanos
fue localizada en el violento estado
mexicano de Veracruz, según informó el
fiscal estatal, Jorge Winckler.
El funcionario informó que hace un mes
se iniciaron trabajos de revisión en una
fosa de 300 metros cuadrados y aunque no
dio a conocer la ubicación exacta, hace
un par de semanas el colectivo Solecito,
organización de búsqueda de personas
desaparecidas, reveló haber recibido
informes de una megafosa en el puerto de
Veracruz.
Winckler explicó que hasta el momento se
han encontrado 166 cráneos y otros
restos inhumados clandestinamente, que
se presume llevaban allí dos años. Se
han recabado más de 200 prendas de
vestir, 114 identificaciones, así como
otros objetos personales de las
víctimas.
Adelantó que se presentará a colectivos
de búsqueda y de familiares de
desaparecidos un catálogo fotográfico de
lo que se ha encontrado, a más tardar la
próxima semana.
"Se exhorta a todas las personas que
tienen un familiar desaparecido y que
aún no han presentado denuncia a
acercarse a la Fiscalía General del
Estado para tomar muestras para la
creación de perfiles genéticos",
declaró.
Asimismo, precisó que se solicitó la
colaboración de la División Científica
de la Policía Federal a fin de
identificar estos restos.
Mil muertos cada año en Veracruz
En la última década, el estado Veracruz
ha estado sumido en una guerra entre
cárteles de la droga y su persecución
encarnizada por parte de fuerzas
federales, estatales y municipales, que
ha dejado un promedio de mil muertos
cada año.
Se trata del segundo cementerio
clandestino más grande descubierto allí,
pues el primero fue localizado hace dos
años en el predio conocido como Colinas
de Santa Fe del puerto de Veracruz,
donde el colectivo Solecito ubicó 299
cuerpos sepultados. De hecho, desde 2010
a finales de 2017 las organizaciones
civiles de búsqueda de desaparecidos y
autoridades localizaron 343 fosas
comunes donde el crimen organizado
sepultó cuerpos de personas.
Las inhumaciones irregulares que se
localizaron en 44 de los 212 municipios
de Veracruz descubrieron 225 cuerpos,
335 cráneos y más de 30.600 fragmentos
óseos humanos.
Además, el colectivo Solecito localizó
una de las fosas clandestinas más
grandes de Latinoamérica en el puerto de
Veracruz: 150 áreas del predio Colinas
de Santa Fe donde han sido localizados
al menos 299 cuerpos sepultados.
Tumba una sentencia que daba validez a
una ley británica de más de 150 años que
criminaliza las relaciones homosexuales
y castiga los actos "contra natura"
El brot d’Ebola que es va declarar l’1
d’agost al nord-est de la República
Democràtica del Congo -al cor de
l’Àfrica-, i que ja ha causat la mort de
85 persones, ha arribat a una gran
ciutat. Concretament a Butembo, una
localitat de gairebé un milió
d’habitants i a tocar de la frontera amb
Uganda. Així ho va anunciar ahir el
ministeri de Salut congolès, que va
lamentar profundament la notícia, perquè
un cop el virus es manifesta en una zona
tan poblada és molt més difícil de
controlar. “La bona notícia és que el
cas s’ha detectat ràpidament. La mala
notícia és que [l’arribada del brot a
Butembo] incrementa el risc d’una
expansió més ràpida i àmplia. Tenir
Ebola en una àrea urbana fa molt més
difícil posar fi a la malaltia”, va
reafirmar ahir Peter Salama, el cap
d’operacions de l’Organització Mundial
de la Salut.
Els pronòstics, doncs, no són bons.
L’epidèmia, la pitjor que ha patit
aquest país africà en l’última dècada,
ja ha deixat 85 morts i 39 persones
infectades. Els primers casos van tenir
lloc en àrees rurals de l’est del país,
una zona castigada des de fa anys per un
conflicte armat encobert. Però després
bona part dels afectats es van detectar
a Beni, una ciutat més petita -d’uns
200.000 habitants- i també amb molts
vincles comercials amb la veïna Uganda.
Ara, doncs, els esforços se centren a
evitar la propagació a Butembo. En
aquest sentit, l’alalde de la ciutat,
Sylvian Kanyamanda, que va apuntar que
la víctima és una dona que presumptament
va ser infectada durant un enterrament
d’una de les víctimes, va voler llançar
un missatge a la població. “Demanem que
aneu amb compte i respecteu totes les
mesures d’higiene recomanades pels
treballadors sanitaris”. I és que les
autoritats locals de Butembo volen
evitar que es visqui una situació com a
Beni, on una part de la població es nega
a col·laborar amb els experts i fins i
tot amaga les persones malaltes, per
por, prejudicis o falta d’informació.
Les autoritats congoleses, però, van
afirmar que han aconseguit alguns
progressos inoculant una vacuna
experimental i altres tractaments. De
fet, la campanya de vacunació va
començar el 8 d’agost i ja ha arribat a
6.134 persones, sobretot personal
sanitari i contactes de casos
confirmats.
El Departament d'Estat dels Estats Units
ha decidit suspendre tots els fons que
concedeix a l'Agència de l'ONU per als
Refugiats Palestins, de la qual és el
principal donant. Diuen que el seu
funcionament és defectuós. Des de
l'agència, lamenten la decisió i
defensen la gestió de les escoles, dels
centres de salut i dels programes
d'ajuda d'emergència que assisteixen més
de cinc milions de refugiats.
Per primera vegada en 70 anys, els
Estats Units es desentenen dels
refugiats palestins. Són víctimes de la
guerra que va esclatar amb la creació de
l'estat d'Israel el 1948. Bona part,
expulsats per les forces armades de
l'estat flamant. Aleshores van ser unes
750.000 persones, prop de tres quartes
parts de la comunitat arabopalestina.
Avui, 5 generacions després, són més de
cinc milions.
L'administració Trump ha decidit posar
fi al finançament de l'UNRWA, sigles en
anglès de l'Agència de les Nacions
Unides per l'Alleujament i el Benestar
dels refugiats palestins. Addueix,
literalment, que és defectuosa.
L'Agència perd de cop gairebé una
tercera part del seu pressupost de més
de mil milions de dòlars anuals,
destinats sobretot a escoles, a
hospitals i a racions alimentàries
d'ajuda humanitària per a més de cinc
milions de palestins a la franja,
Cisjordània, Síria, el Líban i
Jordània.
En una declaració d'urgència, l'UNRWA
expressa la profunda decepció que els ha
causat aquesta decisió, i més encara
quan "l'UNRWA i els Estats Units van
renovar un acord de finançament el
desembre del 2017 que reconeixia la
gestió exitosa, dedicada i professional
de l'Agència."
Des d'Amman, el comissionat general de
l'UNRWA, Pierre Krähenbül, advertia del
significat d'aquesta decisió:
"Estem parlant d'éssers humans. I no es
poden abandonar 5.300.000 refugiats
palestins. Són gent que tenen drets i
des de fa molts anys, dècades, pateixen
penúries i injustícies immenses."
Per la seva banda, el ministre d'Afers
Estrangers de Jordània, Ayman Safadi,
anunciava:
"El dia 27, durant la reunió de
l'Assemblea General de l'ONU, hi haurà
una conferència convocada per Jordània,
Suècia, la Unió Europea, el Japó i
Turquia per recollir suport financer i
polític per a l'UNRWA."
L'autèntic rerefons, però, sembla
polític. El tret de sortida va ser el
primer viatge de Trump president a
l'estranger, el maig de l'any passat. Va
prometre suport incondicional a Israel.
Un any després traslladava l'ambaixada
dels Estats Units a Jerusalem,
denunciava l'acord firmat pel seu
predecessor amb l'Iran i ara intenta
ofegar econòmicament la gestió dels
refugiats palestins. Tot això com a
preludi d'un suposat pla de pau que
promet anunciar imminentment.
El presidente filipino ha señalado que
"si hay muchas mujeres bonitas, habrá
muchas violaciones"Davao se sitúa a la
cabeza en Filipinas como la localidad
con mayor número de casos de asaltos
sexualesDuterte arrastra un largo
historial de declaraciones machistas,
como cuando aseguró que prefiere hombres
para los cargos de su Gobierno
porque "pueden recibir un aluvión de
órdenes sin quejarse"
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